El Poder Ejecutivo se apresta a anunciar cambios vinculados a los requisitos para obtener la residencia fiscal uruguaya, así como una ampliación de los beneficios para los ciudadanos extranjeros que se radiquen en Uruguay.

También habrá una reducción de los requisitos para aquellos extranjeros que posean empresas en Uruguay y generen a partir de julio de 2020 al menos 15 puestos de trabajo directos en relación de dependencia. Hoy día pueden acceder a la residencia fiscal los ciudadanos de otros países con empresas con un valor superior a US$ 5,3 millones y el decreto baja ese requisito a US$ 1,6 millones.

Mientras que a través de un proyecto de ley que enviará al Parlamento, el gobierno se apresta a ampliar la llamada “vacación fiscal” que rige para los ciudadanos extranjeros que llegan al país. Hoy día por cinco años están exonerados del pago de Impuesto a la Renta por los rendimientos mobiliarios —intereses por depósitos bancarios, dividendos de acciones, bonos, obligaciones o títulos de renta fija, entre otros— y se ampliará el beneficio a diez años. A esto se suma que Uruguay no cobra tributos a las rentas generadas en el exterior por rendimientos inmobiliarios y por incrementos de patrimonio.

En enero, cuando aún era presidente electo, Luis Lacalle Pou había anunciado su intención de de flexibilizar algunas regulaciones sobre la residencia legal y fiscal en Uruguay para posibilitar la llegada de extranjeros que inviertan en el país.

El decreto dice que “la política del Poder Ejecutivo en materia de inversiones se basa, fundamentalmente, en ofrecer al mundo un país de oportunidades”. Por esto, “se impulsa una política de estímulo a la inversión como instrumento idóneo para la generación de empleo y mejora del bienestar general, para que puedan instalarse en el Uruguay todos los extranjeros que deseen elegir al país como destino de sus proyectos personales y económicos”.

Esta semana El País dio cuenta de que profesionales y asesores vinculados a los rubros inmobiliarios y agropecuarios han constatado en las últimas semanas un aumento de las consultas de argentinos por inversiones y para radicarse en Uruguay.

En enero, El País dio cuenta de que hubo varios eventos en Punta del Este enfocados en el público argentino con el foco en cómo obtener la residencia fiscal en Uruguay.

Juan Ignacio Troccoli, contador y socio del estudio Andersen Tax & Legal, explicó en esa ocasión que la residencia fiscal sirve “para definir la potestad tributaria de un Estado” sobre los contribuyentes, permitiendo “gravar la totalidad de las rentas” a quienes entren dentro de este concepto.

La abogada argentina Patricia López Aufranc indicó que “hay mucha fantasía en torno a este tema” y subrayó que “las personas que quieran embarcarse en mudar su residencia deben hacer un análisis personal y exhaustivo de si van a poder sostener esa situación, si podrán estar ausentes de Argentina y de los lazos familiares que queden allá”.

En caso que así lo decida, López explicó que sus compatriotas deben en primer lugar “obtener la residencia en el país de acogida, luego cumplir las condiciones y pedir la baja fiscal en el país de salida”. Señaló que “lo que no debe hacer es quedarse a mitad de camino, porque podría configurar la figura de doble residente y pagar en los dos lados”.

Días atrás, el tributarista Fabián Birnbaum de la consultora FBM Advisory dijo que “el mayor beneficio de Uruguay (a los extranjeros) es su estabilidad”. Explicó que “acá no hay un montón de trabas que pueden tener en Argentina y eso lo ven con buenos ojos, y un tema no menor es el beneficio que hay para que vengan los extranjeros”. Esto último en referencia a la vacación fiscal que ahora se ampliará a 10 años.