Argentina “se quedó sin plata”, ¿qué puede hacer ante nuevas restricciones por el COVID?
El gobierno argentino de Alberto Fernández enfrente un dilema entre medidas para contener el COVID-19 y el hecho de que ya no tiene capacidad de apoyo a sectores afectados.
El presidente Alberto Fernández tiene un dilema entre restricciones para frenar al COVID-19 y que ya no tiene la capacidad de apoyo con subsidios de 2020. Foto: AFP
Ante el avance de la segunda ola del coronavirus en Argentina, el gobierno de Alberto Fernández viene endureciendo las restricciones.
Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía un año atrás cuando el gobierno decidió imponer una larga y estricta cuarentena, ahora el margen para avanzar con restricciones duras y prolongadas es menor ante el deterioro del cuadro económico y social.
Esa situación fue advertida claramente a comienzos de abril por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien señaló que “la economía no podría soportar un cierre total, una cuarentena estricta como aquella que se implementó en marzo de 2020”.
“El cierre masivo y prolongado del año pasado dejó un costo fenomenal para la economía. Ahora, la capacidad de maniobra es muy acotada. Desde el punto de vista fiscal, Argentina ya generó el año pasado un shock de gasto muy difícil de licuar, y el sector privado sufrió el peso del ajuste, tanto en empleo como en actividad de las empresas”, dijo a El País el economista Rodrigo Álvarez, en Buenos Aires.
“De cada 10 familias, cinco usaron ahorros para mantener mínimamente su nivel de vida, cuatro se endeudaron y solo una pudo sobrellevar la crisis de una manera lógica. Todo eso hace que el sector privado tenga muy poco margen para soportar un nuevo paráte”, agregó Álvarez.
En marzo del año pasado, cuando Argentina ingresó en una cuarentena que, al menos en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, se extendió con distinta intensidad hasta noviembre, el gobierno tenía algo de margen fiscal.
El déficit fiscal primario (previo al pago de deuda) con el que había cerrado 2019 era el equivalente a apenas el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
En ese marco, el gobierno de Fernández lanzó los programas de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), con el que el Estado pagó la mitad de los sueldos de más de 2 millones de trabajadores de empresas privadas en el pico del confinamiento, y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un subsidio que llegó a alcanzar a casi 9 millones de personas.
Esas partidas extraordinarias, a lo que se agregó un derrumbe de la recaudación impositiva por el desplome económico, elevó el déficit fiscal primario al 6,5% en 2020.
Sin ahorro fiscal ni acceso a los mercados de deuda, las medidas de asistencia debieron ser financiadas casi en su totalidad por medio de una extraordinaria emisión monetaria del Banco Central.
“Cuando irrumpió la pandemia el año pasado, la deuda estaba en default y no había mercado de deuda en pesos. Desde ese lado, la situación ahora es mejor”, dijo a El País Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina, en Buenos Aires.
“El problema es que el año pasado se emitió casi 7% del PIB para asistir al Tesoro y las reservas netas del Banco Central cayeron un 65%. No hay margen fiscal para avanzar con programas de asistencias generalizados como se pusieron en marcha el año pasado y el propio gobierno es consciente de eso”, añadió el economista jefe de Ecolatina.
El ministro de Economía argentino Martín Guzmán se planteó una meta fiscal exigente. Foto: Reuters
La recuperación de Argentina está en duda
Frente a esos desequilibrios, el ministro Guzmán planteó en el Presupuesto un objetivo de reducción del déficit fiscal primario al 4,5% del PIB.
Para eso, entre otros recortes como el ajuste a las jubilaciones y a los salarios públicos, el gobierno eliminó las partidas del llamado Gasto COVID, que incluía los programas lanzados durante 2020 para amortiguar los efectos del confinamiento obligatorio.
No obstante, la irrupción de la segunda ola abre dudas sobre si finalmente podrá cumplirse la hoja de ruta diseñada por Guzmán.
Solo en respuesta a las últimas restricciones, el presidente Fernández anunció el jueves pasado una ayuda de emergencia para más de 2 millones de personas que son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y monotributistas de las categorías más bajas.
El ala política del gobierno viene presionando para que esos subsidios sean más generalizados y que Guzmán flexibilice sus metas fiscales en medio de la situación excepcional generada por la pandemia.
El problema es que, vedado el acceso a los mercados internacionales de deuda con un índice de riesgo país cercano a los 1.600 puntos básicos y sin avances concretos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un incremento adicional del gasto público debería ser otra vez financiado en buena parte por emisión.
Tras la política monetaria contractiva que llevó adelante el Banco Central en los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri, en 2020 el gobierno tuvo margen para expandir la cantidad de pesos en la economía. Pero buena parte de esa oportunidad ya fue usada durante el año pasado y la inflación viene en alza.
El riesgo es que una nueva oleada de pesos eche más combustible a la cotización de los dólares alternativos —aquellos que escapan al rígido cepo cambiario— y, sobre todo a la inflación.
Solo en marzo, la inflación fue del 4,8% y en lo que va del año acumula 13%. En medio de esa fragilidad, el gobierno busca acotar el impacto económico de las medidas sanitarias que toma.
Si bien las restricciones a la circulación nocturna, los viajes grupales y las reuniones en lugares cerrados amenazan con asestar un nuevo golpe a sectores que estaban comenzando a recuperarse, como gastronomía, turismo y entretenimiento, por ahora se mantiene la decisión de no avanzar con el cierre de la actividad en fábricas, comercios y construcción.
El objetivo es que, tras el derrumbe del 9,9% del PIB registrado en 2020, la economía rebote con fuerza este año.
De acuerdo al promedio de las estimaciones de analistas recopiladas por el Banco Central, el PIB crecería 6,7% en 2021.
No obstante, la intensidad de la recuperación vuelve a estar en duda ante la irrupción de la segunda ola del coronavirus.
“En este momento de mucha incertidumbre, lo primero que se genera es una parálisis del consumo y la inversión. Si el gobierno no tiene un manejo muy quirúrgico, las restricciones van a tener costos altos en términos macroeconómicos” dijo el economista Rodrigo Álvarez.
“Es posible llegar a las elecciones parlamentarias de octubre con la inflación más contenida que en estos meses y con una actividad en alza, pero eso va a depender mucho de las decisiones que se tomen en este segundo trimestre. La economía argentina no tiene margen para volver a las restricciones del año pasado”, concluyó el economista argentino.
