EL ABANICO DE INCENTIVOS CON EL QUE EL GOBIERNO QUIERE ATRAER EXTRANJEROS

EL OBSERVADOR 26.06.2020

Flexibilizaciones a la residencia fiscal e incentivos en la construcción de viviendas y megaproyectos

Antes de asumir el presidente Luis Lacalle lo dejó claro. Su gobierno pretende que empresarios o personas de alto poder adquisitivo extranjeras se instalen en el país como una forma de atraer capital. Y en estos casi cuatro meses de gobierno ya se aprobaron una serie de medidas que buscan cumplir con ese objetivo.

Las flexibilizaciones a la residencia fiscal, la ampliación de los beneficios en la vivienda promovida y las flexibilizaciones en la inclusión financiera que plantea el proyecto de ley de Urgente Consideración son algunas de esas medidas. “Detectamos un aumento del 70% de consultas de argentinos en mayo, respecto al año anterior, por lo que preparamos un Webinar”, decía la invitación del portal inmobiliario InfoCasas a la charla Uruguay – Oportunidades para inversores.

Esa exposición, además de contar con distintas empresas que presentaron sus proyectos, también tuvo charlas sobre las flexibilizaciones que el gobierno está impulsando para atraer inversores extranjeros.

RESIDENCIA FISCAL

 

A través de un decreto el Poder Ejecutivo agregó dos nuevas causales por las que se puede tramitar la residencia fiscal y, además, envió un proyecto de ley al Parlamento para aumentar la “vacación fiscal” que ofrece Uruguay de cinco a diez años.

De todos modos, todos los expertos repiten que si bien estas medidas son un llamador, lo más complicado, sobre todo pensando en el caso de Argentina, es darse de baja la residencia fiscal en el país de origen.

El nuevo decreto establece que el monto de patrimonio necesario que se debe tener en el país para obtener la residencia fiscal bajará desde US$ 1,7 millones a US$ 377 mil. Será solo para las adquisiciones que se realicen a partir del 1° de julio. Esas personas deberán, además, permanecer al menos 60 días en el país.

La residencia fiscal también se podrá obtener con una inversión, directa o indirecta, en una empresa por valor superior a 15 millones de UI (US$ 1,6 millones). Actualmente el monto necesario es de 45 millones de UI (US$ 4,8 millones) o proyectos declarados de interés nacional en virtud de la Ley 16.906.

Además de estas posibilidades, la residencia fiscal se puede obtener residiendo más de 183 días del año en el país, tener intereses vitales (familiares cercanos) en Uruguay, demostrar que más del 50% de tus ingresos se generan en territorio nacional o tener un patrimonio en inmuebles de 15 millones de unidades indexadas (unos US$ 1,7 millones).

“Obtener la residencia fiscal es un proyecto a mediano plazo. Hay que perder la residencia en Argentina”, explicó en la conferencia de InfoCasas la directora de PwC Uruguay, Eliana Sartori.

El socio de PWC, Marcos Ferrari, apuntó en el mismo sentido y explicó que tramitar la residencia migratoria en Uruguay es una causal para comenzar el proceso de baja en Argentina pero no asegura nada. La agencia tributaria argentina (AFIP) ya advirtió que seguiría de cerca a aquellos que inicien el proceso para mudar la residencia fiscal y controlará que la mudanza sea real.

Ferrari destacó además que Uruguay no grava la renta del incremento patrimonial en el exterior. “Si uno tiene una acción en una compañía va a pagar por el rendimiento. Pero si la compra a 20 y la vende a 40, esos 20 de diferencia no están gravados. Y el inmueble que tengo en el exterior Uruguay no lo grava nunca”, explicó.

BENEFICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN

 

En mayo, el Poder Ejecutivo firmó el decreto para incentivar los proyectos inmobiliarios de gran porte para la venta o el arrendamiento de inmuebles con destino a oficinas o viviendas.

Con el objetivo de activar el sector de la construcción, se bajaron los requerimientos de inversión para acceder a exenciones fiscales a US$ 6,4 millones aproximadamente (60 millones de UI). Hasta el momento, la inversión debía ser de US$ 15 millones -en particular en Punta del Este- y de US$ 11 millones para Montevideo.

“En todos los casos el proyecto en su totalidad debe contar con al menos un 10% del área destinada al espacio común”, sostiene también el documento firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Esto implica también una flexibilización a la actual normativa, ya que se requería de un 20% del área destinada al espacio común, lo que para los inversores era considerado un porcentaje elevado.

Esto era un reclamo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu) y su gerente ejecutivo Aníbal Durán ha asegurado en diversas oportunidades que este tipo de medidas también atraerá a los extranjeros. “Ha recobrado fuerza por estas horas la llegada de argentinos no solamente a invertir a nuestro país, sino también a residir aquí. En esta gremial se han recibido llamadas a ese respecto. El río está sonando”, escribió Durán en la revista de Appcu de mayo.

FLEXIBILIZACIONES A LA INCLUSIÓN FINANCIERA

 

Otro de los temas que estuvo sobre la mesa en la charla sobre cómo atraer inversiones organizada por InfoCasas fue las flexibilizaciones que promueve el gobierno para la denominada Ley de Inclusión Financiera.

Uno de los puntos en los que ahondó la directora de PwC fue en las diferencias entre el primer borrador de la LUC y lo que finalmente se votó en la Cámara de Senadores. Inicialmente se eliminaban todas las restricciones al uso de efectivo en operaciones entre privados. Sin embargo, en el proyecto que tiene sanción de los senadores se estableció un tope de US$ 110 mil para las operaciones entre privados.

“Esto es parte de lo que hoy se está cambiando y lo que nos interesa por la relación que tiene con las inversiones. Hoy si yo vendo un inmueble o un auto solo lo puedo pagar en efectivo si está por debajo de US$ 4.200”, dijo Sartori en referencia a la ley vigente.