La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) mantuvo la nota de la deuda uruguaya en BBB, un escalón por encima del mínimo del grado inversor, y también la perspectiva “estable”.

En un comunicado el jueves, S&P señaló que “el impacto de la pandemia del COVID-19 y la recesión económica mundial en 2020 perjudicará a la economía uruguaya y aumentará el ya elevado déficit fiscal del país”. “Sin embargo, esperamos que los proyectos de inversión en curso y la corrección fiscal mejoren las perspectivas económicas para Uruguay una vez que la pandemia ceda”, agregó.

La calificadora prevé una caída del PIB de 3% este año y un crecimiento de 5% el año próximo apalancado en los proyectos de infraestructura entre los que destaca la planta de UPM en Durazno.

S&P evaluó el proyecto de ley de urgencia que “incluye la creación de una regla fiscal, así como un comité para recomendar reformas al sistema de seguridad social”. “Si bien creemos que esto señala el compromiso de abordar las debilidades estructurales en las finanzas públicas, esperamos que la consolidación fiscal sea solo gradual, dado que el alto desempleo probable luego de la recesión económica de este año limitará la capacidad del gobierno para hacer ajustes significativos en 2021”, afirmó.

La agencia prevé que el déficit fiscal del gobierno central (incluye al Banco Central, no a las empresas públicas) sea de 6,2% del PIB a fin de año y de 7,2% del PIB si se dejan de lado los ingresos extraordinarios por el efecto “cincuentones”.

El déficit bajaría luego “a un promedio de 3,7% del PIB durante 2021-2023 (3,9% excluyendo “cincuentones”) a medida que se reanuda el crecimiento y el gasto relacionado a la pandemia disminuye lentamente”, añadió.

“Si bien la deuda aumentará en 2020 (la neta llegaría a 68% del PIB), las fuentes de financiamiento adicionales serán principalmente a largo plazo y con condiciones favorables. Uruguay ha acumulado abundante liquidez externa en el pasado para gestionar posibles interrupciones financieras”, destacó.

Además, remarcó que “la gestión eficaz de la deuda ha reducido significativamente los riesgos incrustados en el perfil de deuda de Uruguay”.

“Esto se refleja en los hitos de gestión de la deuda del gobierno central, que muestran que los vencimientos promedio han seguido aumentando y ahora son alrededor de 14 años, desde ocho años en 2005. Alrededor del 95% de la deuda del gobierno central está a una tasa fija, en comparación con 78% en 2005”, agregó la consultora.

“Los fuertes controles y equilibrios de Uruguay y la baja corrupción percibida, que sostienen la confianza de los inversores en el país, continuarán apoyando las políticas económicas”, concluyó S&P.