En el marco de la creación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales dispuesta por la Ley 19.925 de diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo planea convocar -posiblemente a fines de abril- una licitación para conceder a privados las operaciones de cuatro terminales aeroportuarias del interior del país. Operadores aeronáuticos consultados por El País son escépticos de que haya interesados en el negocio debido a la crisis que sufre el sector producto de la pandemia.

Uruguay cuenta con 11 aeropuertos con categoría internacional -dos de ellos son operados por un holding privado, Corporación América Airports: los de Carrasco y Laguna del Sauce– y los otros nueve son administrados y mantenidos por el Ministerio de Defensa, los que debido a las estrecheces presupuestarias han quedado casi obsoletos en materia de equipamiento y tecnología.

Debido a ello, en el último día de su gobierno, el expresidente Tabaré Vázquez envió un proyecto de ley al Parlamento para crear el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, ambientando la privatización de las operaciones de ciertas terminales aéreas.

La iniciativa fue bien recibida por el gobierno de Luis Lacalle Pou, y aunque se le introdujeron varias modificaciones, finalmente fue aprobada por el Legislativo con los votos contrarios de Cabildo Abierto.

El proyecto original de la administración frenteamplista definía que los aeropuertos a ser concedidos a privados serían los de Rivera, Salto, Carmelo y Colonia, pero finalmente el texto que se convirtió en ley dejó en manos del Poder Ejecutivo la definición de cuáles serán.

La elaboración del o los pliegos de licitación para conceder las terminales aeroportuarias está en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y según pudo saber El País, en principio estas serían las de Rivera, Salto, Melo y Colonia o Carmelo.

La ley establece que “los servicios concesionados deberán prestarse durante los 365 días del año, las 24 horas del día, si la demanda lo requiere, con los estándares de certificación exigidos por la normativa aplicable, especialmente los métodos y normas recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional”.

Los vuelos que lleguen a las terminales concesionadas pagarán a los concesionarios por los servicios que estos les brinden, al igual que ocurre hoy en las terminales de Carrasco y Laguna del Sauce. Por su parte, los adjudicatarios pagarán al Estado un canon anual por la explotación.

En la medida que los aeropuertos pasibles de ser concedidos atienden destinos poco rentables debido a su escaso movimiento, operadores aeronáuticos son poco optimistas en cuanto a que el negocio pueda despertar interés de agentes internacionales. A esta situación se suma la profunda crisis que atraviesa la industria aeronáutica a raíz de la pandemia de COVID-19.

No obstante, el artículo 2° de la ley también habilita al Ejecutivo a “renovar, modificar, ampliar el objeto o prorrogar concesiones o contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación, conjunta o separadamente de los aeropuertos ubicados en el territorio nacional, a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por un plazo máximo de hasta 50 años. En caso de prórroga de concesiones o contratos de concesión vigentes el plazo de estas no podrá superar los 50 años desde el inicio del contrato original”.

Por ello, los operadores consultados opinaron que no debería descartarse que, en caso de que no haya interesados en la licitación, el gobierno entable negociaciones con el actual operador de Carrasco y Laguna del Sauce, quien podría interesarse en el negocio en la medida que pueda extender el plazo en que opere esas dos terminales que, en condiciones normales, son rentables.